Desde la aprobación de la Constitución, los derechos democráticos y sindicales se han asentado y las clases trabajadoras han podido utilizarlos para defenderse.
Es cierto que se trata de una Constitución redactada cuando el franquismo (sin Franco) era latente y en medio de presiones de militares temerosos de que se desmantelara la "unidad de España". Pero también lo es que entonces se estaba capitalizando una parte de la lucha de los años anteriores, los partidos democráticos disfrutaban de un importante reconocimiento popular y las fuerzas que habían apoyado al franquismo estaban divididas. Fruto de aquella coyuntura la Constitución asumió algunas reivindicaciones progresistas (libertades sindicales, derechos económicos y sociales, sanidad pública, sufragio universal,...., aceptación de que en España existen nacionalidades).
La aprobación de la Constitución abrió la posibilidad de disponer de estatutos de autonomía iniciándose así una nueva etapa de autogobierno. En Catalunya, el primer Estatuto, lo sabemos bien, tuvo carencias. Recientemente, una parte de ellas se han querido paliar a través de su reforma, pero la reforma puede ser descabezada con la sentencia del Tribunal Constitucional.
La Constitución ha permitido llevar acabo algunas tareas positivas a través de instituciones, ahora democráticas. Los ayuntamientos, por ejemplo, han dejado de ser un lugar desde donde se pretendía castellanizar Catalunya convirtiéndose en algunos casos en herramientas que ayudan a asentar nuestra identidad nacional.
Pero la Constitución tiene limitaciones y partes muy negativas: Con su aprobación se quiso legitimar la monarquía instaurada con el dedo manchado de sangre del dictador. El derecho a la autodeterminación, o sea, el derecho que Catalunya y las otras naciones del Estado español puedan decidir libremente su futuro, no ha sido reconocido. El poder económico sigue básicamente en las mismas manos y gracias a esto se ha podido precaritzar las condiciones laborales, se ha explotado a fondo a las clases trabajadoras y durante años ha progresado la especulación urbanística enriqueciendo a unos cuántos. La iglesia mantiene su influencia ideológica y controla una parte de la enseñanza. España continúa alineada con el imperialismo norteamericano y ahora coopera militarmente a su lado en algunas guerras imperialistas.
Aún así, no tiene sentido, en la actual coyuntura, limitarse a decir NO a la Constitución y pretender enterrarla repentinamente: Las clases populares son las primeras interesadas en la existencia de un marco regulador de los derechos políticos, sindicales, socioeconómicos y nacionales. Para los poderosos, en cambio, esto no hace falta, y así lo reivindican a través de las teorías neoliberales.
La conquista del derecho a la autodeterminación y la proclamación de la república son reivindicaciones justas a las cuales nadie debería renunciar. Pero hace falta situarlas en una perspectiva estratégica y relacionarlas con una serie de cambios profundos que abran la puerta a una democracia de tipo nuevo, con fuertes contenidos económicos y sociales y antiimperialista.
En cambio, podría ser adecuado plantearse como una tarea inmediata la reforma de la actual Constitución. Ahora bien, esta reforma puede ser progresista o regresiva (cómo quiere el PP). Por esta razón es conveniente situar con claridad qué artículos concretos es necesario reformar y empezar a crear consenso social a su alrededor.
