La Seguridad Social ha sido una de las conquistas relevantes del movimiento obrero. Garantiza subsidios a los asalariados y las asalariadas cuando se ven en la necesidad de dejar de trabajar momentáneamente (incapacidad temporal, maternidad, paro), así como pensiones en caso de invalidez, jubilación o muerte prematura. Desde hace unos años también incluye prestaciones asistenciales para personas que no han cotizado lo suficiente pero que acreditan un estado de extrema necesidad. Se ha convertido en un gran mecanismo protector y ha cumplido la función de principal programa de lucha en contra de la pobreza.
La actitud ante la Seguridad Social diferencia de forma clara las propuestas de derechas de las de izquierdas.
Las primeras pretenden volver al estadio arcaico de las protecciones individuales, a la individualització de los riesgos y a la promoción de los fondos privados de pensiones a través de los grandes grupos financieros y de seguros particulares. No piensan en las necesidades sociales de la mayoría, sino en los intereses privados.
Por esta razón, presentan la Seguridad Social como abocada a la quiebra y como una pésima inversión para garantizar una situación estable en el futuro. Incitan a pensar en otros procedimientos supuestamente más eficientes y aconsejan subscribir planes privados de pensiones.
Se pretende, así, perpetrar una auténtica estafa por poner en manos privadas los recursos que ahora gestiona la Seguridad Social.
Pero la Seguridad Social ha ido garantizando, día a día, las prestaciones y a la vez ha incrementado las reservas financieras. Esto ha echado por tierra las predicciones catastrofistas con las cuales se esperaba atemorizar el personal. Los fondos privados de pensiones, en cambio, han mostrado un alto nivel de inestabilidad.
Aún así, las derechas insisten en los argumentos de siempre. Por una parte, pretenden traficar con el fondo de reserva, al aconsejar utilizarlo en inversiones especulativas. Por la otra, trabajan para expandir los fondos privados de pensiones mientras insistes para que disminuyan algunas prestaciones públicas, como por ejemplo la pensión de jubilación, endureciendo los actuales mecanismos de acceso y sus contenidos protectores.
El alargamiento de la esperanza de vida no tiene por qué ser un problema tan grave como algunos nos quieren hacer creer. La vida de las personas NO se prolonga únicamente en el tramo superior de los 65 años. También lo hace en los tramos inferiores y esto comporta un incremento de los años cotizados previos a la muerte.
La esperanza de vida en el tramo superior a los 65 años varía en función de la clase social. Las personas acomodadas acostumbran a vivir más años que las de las clases trabajadoras. ¿Tiene sentido entonces retrasar la jubilación a aquellos y aquellas que ahora acceden a ella después de una prolongada, y a veces, dura vida laboral?
Contrariamente a lo que dicen las derechas, todavía hay capacidad para mejorar la financiación de de la Seguridad Social:
Una manera seria eliminando los topes en las bases de cotización. Es injusto que las personas con rentas elevadas realicen una aportación porcentualmente menor que las que perciben rentas bajas.
Dado el peso de las situaciones de paro en la vida laboral, haría falta asegurar la cotización durante todo el periodo de desocupación, incluido cuando se debe recurrir a la prestación asistencial. Esto también aportaría más recursos y a la vez generaría nuevos derechos.
Pero para entender el verdadero contexto del debate, es conveniente tener presente que no nos encontramos sólo ante un problema de tipo económico. El problema tiene un fuerte contenido político: es una cuestión de justicia social.
Demostrar la viabilidad financiera de la Seguridad Social y su eficiencia permite desmontar los camelos de los partidarios de la privatización. Ahora bien, ¿por qué razón la Seguridad Social debe pasar la prueba de la integridad financiera al garantizar el pago de las prestaciones a través de sus propios ingresos, mientras que el presupuesto militar, la educación pública o las infraestructuras no deben hacerlo?
Más allá de su viabilidad financiera, que hoy por hoy es indiscutible, la evolución de la Seguridad Social se decidirá por la confrontación de intereses. O dicho de otra manera: se dilucidará en la lucha de clases.
