Una de las vías más conocidas para reducir el paro es la disminución del tiempo de trabajo. Pero ahora se toma el camino inverso intentando retrasar la edad de jubilación. Esto condenaría a mucha gente a seguir trabajando hasta el día de su muerte.
El gobierno y sus asesores también sugieren rebajar las prestaciones de la Seguridad Social. La reforma, se nos dice, es necesaria para evitar una supuesta quiebra de la Seguridad Social. Como medida correctora se aconseja que seamos previsores y subscribamos planes de pensiones privados para poder compensar el déficit de la Seguridad Social previsto dentro de unos años.
Pero la argumentación pasa por alto que nuestro sistema de Seguridad Social se financia a través de un procedimiento de reparto, dónde las cotizaciones sociales recaudadas cada año se destinan a garantizar las prestaciones sociales que el sistema hace efectivas en este mismo año. Esta es la razón por la cual los ingresos y los gastos de la seguridad social se incorporan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado dónde se deciden las cuantías de las prestaciones y la de las cotizaciones sociales que deben financiarlas.
Toda la argumentación sobre la inviabilitat de la Seguridad Social es, por lo tanto, cínica y engañosa. Especular sobre la quiebra de la Seguridad Social es tan absurdo como hacerlo sobre la quiebra del ejército o la de la universidad.
Nadie discute, ciertamente, que el número de jubilados se incrementará en los próximos años, sobre todo por la confluencia de dos factores positivos: 1) El crecimiento continuado de la población activa y 2) el alargamiento de la esperanza de vida.
El problema está, en todo caso, en determinar qué futuro se reserva a los trabajadores y trabajadoras actuales que han contribuido a lo largo de todo su vida a la creación de riqueza y que han asegurado con sus aportaciones a la Seguridad Social que las personas mayores ahora tengan acceso a su pensión. Y es en este punto dónde reside precisamente el quid de la cuestión: Como que los empresarios pretenden desentenderse de ellos, no hacen otra cosa que reclamar una reducción de las cotizaciones sociales. De esta forma sí que naufragaría la actual Seguridad Social.
Esta será una de las batallas más duras de los próximos tiempos. Desvirtuando el actual sistema de Seguridad Social el capital persigue tres botines:
1. Las empresas podrían disminuir sus costes laborales incrementando así la tasa de explotación y mejorando los beneficios empresariales.
2. El Estado garantizaría un brutal ahorro presupuestario.
3. Las entidades financieras podrían vender sus planes privados de pensiones asegurándose una fuente permanente de ingresos.
Las personas trabajadoras, en cambio, se verían obligadas a disminuir su consumo con el fin de ahorrar subscribiendo unos contratos en los cuales se comprometerían a entregar (aportación definida) una parte de su salario directo sin saber exactamente qué destino se daría a sus ahorros ni la cuantía de su futura pensión (al eliminarse la prestación definida).
