Para tratar bien el debate sobre el futuro de la Seguridad Social es interesante distinguir entre los sistemas de distribución horizontal y vertical.
La Seguridad Social como sistema de distribución horizontal
La vertiente contributiva del sistema actual de Seguridad Social español, está construido sobre la “distribución horizontal “: los activos de hoy aportan las cuotas para garantizar las pensiones de aquellos que cotizaron con anterioridad y ya han dejado de trabajar.
Estos activos que hoy cotizan, lo hacen convencidos que las futuras generaciones harán el mismo esfuerzo que ellos llevan a cabo y así garantizarán sus futuras pensiones.
Por lo tanto, es un sistema que afecta a la totalidad de trabajadores y ex trabajadores, independientemente de sí durante el periodo como activos son directivos, actúan bajo las órdenes de otros cómo ocurre con la mayoría de los asalariados o bien son autónomos.
El sistema fiscal como modelo de distribución vertical
Los sistemas de “distribución vertical”, en cambio, tienen una mecánica que permite –cuando son progresivos- que los tributos de los grupos con mayor renta ayuden a garantizar las prestaciones y los servicios de carácter universal y las ayudas para socorrer a los más necesitados.
Pero estos sistemas también pueden ser regresivos y entonces ocurre lo contrario puesto que los que menos tienen son los que más aportan y de su aportación se benefician todos, incluso los más ricos.
Los elementos de distorsión de la distribución horizontal
Sin embargo, el actual sistema de distribución horizontal de la Seguridad Social hasta ahora no ha tenido en cuenta las particularidades de los diferentes grupos sociales, ni las diferencias en la esperanza de vida.
Esto, como intentaremos explicar a continuación, puede comportar que en algún momento acabe funcionando, en relación a todos los que están dentro de su campo de aplicación, como si de un sistema vertical regresivo se tratara.
El ejemplo más notorio lo tenemos con las diferencias en la esperanza de vida. Hoy ya contamos con estudios que permiten comprobar que los trabajadores de una empresa tienen el doble de probabilidades de morir antes de que lo hagan los ejecutivos de esta misma empresa. Esto significa que, dada la escasa movilidad social, una parte de la pensión de estos ejecutivos la financiarán aquellos que ahora se encuentran bajo sus órdenes o los hijos de estos trabajadores asalariados.
Un incremento generalizado de la edad de jubilación, como el que inicialmente sugería el gobierno, ampliaba este mecanismo perverso puesto que exigía a todas las personas que empezaron a trabajar antes de los 18 años, a contribuir hasta los 67 años, y esto en muchos casos significaba verse obligados a cotizar durante 50 años y tener muchas más anualidades de las requeridas para obtener el tipo máximo de pensión. Curiosamente estas personas son la mayor parte de los trabajadores, que entraron como aprendices en las empresas años antes de que lo hicieran los ejecutivos, que entonces se estaban formando.
Por esta razón, la reforma propuesta inicialmente por el gobierno comportaba, en parte, intentar garantizar el futuro del sistema actual a través de una distribución vertical inversa, perjudicando a la mayor parte de los trabajadores en beneficio de los ejecutivos.
Esta injusticia ha sido ampliamente denunciada y formaba parte del núcleo de los argumentos de los sindicatos que defendían un modelo de jubilación flexible que garantizara la continuación de la edad de jubilación a los 65 años para aquellos que tienen una carrera laboral prolongada. Es decir, se apostaba por la horizontalidad del sistema
