En España, la evolución del SMI puede resumirse en tres periodos: una mejora continuada desde 1971 a 1978, una disminución prolongada desde 1979 hasta el 2003, hecho que comportó una pérdida acumulada próxima al 25%, y un aumento a partir del 2004 que no ha permitido recuperar la disminución acumulada en las décadas anteriores.La pérdida histórica tampoco queda compensada por el incremento del 4% que ahora aplica el gobierno y que deja el SMI en 624 euros al mes.
No tener en cuenta todo esto escudándose, como ha hecho el presidente del gobierno, en los supuestos problemas que un incremento más pronuncido podría ocasionar a las empresas con dificultades, no tiene ni pies ni cabeza:
Hace falta recordar que el SMI en España sólo afecta de manera directa a una fracción muy pequeña de los asalariados (el 0'77%!) dado que las empresas aplican convenios colectivos propios o de sector que garantizan salarios más altos. Pero a pesar de aplicarse de manera directa a poca gente, un incremento del SMI podría ser beneficioso para atenuar los efectos perjudiciales de la crisis y por esto el gobierno lo debería convertir en una cuestión de emergencia.
En primer lugar, el SMI se utiliza para calcular los topes en la prestación de paro. Una mejora considerable hubiera permitido frenar la perdida de poder adquisitivo que deben soportar aquellos que como consecuencia de la crisis pueden perder el empleo. Como se puede comprobar, las palabras lindas del gobierno para tranquilizar a los empleados amenazados por la crisis no van acompañadas de medidas cautelares que las hagan creíbles.
En segundo lugar, el salario mínimo se aplica a los asalariados que todavía no están cubiertos por convenio colectivo, situación en la que se acostumbran a encontrar los que trabajan en sectores económicos de nueva creación. Las crisis económicas, por regla general van acompañadas de procesos de reestructuración y de creación de nuevas actividades. Un SMI considerable puede frenar las maniobras empresariales que quieren aprovechar el cambio económico para disminuir los salarios. También ayudaría a hacer menos doloroso para los trabajadores el tránsito forzado desde una actividad a otro.
Y en tercer lugar, el SMI sirve para determinar la parte no embargable del salario. Esto en la situación actual es importante.
A diferencia de los EE.UU., en España cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, el banco, además de apropiarse de la vivienda, si al subastarla no se cubre la hipoteca, puede embargarle el salario hasta completar la totalidad de la deuda. Esta peculiaridad ha actuado como estímulo para que los bancos concedieran hipotecas desorbitadas mientras mantenían lo discurso que prometía que las viviendas no dejarían de subir. Pero ahora, que bajan, muchos trabajadores se encuentran encharcados y a los ciudadanos españoles les resulta más difícil deshacerse de la vivienda adquirida del que lo fue para las personas humildes de los EE.UU.
Si sube el SMI, las personas hipotecadas pueden desprenderse con más facilidad de la hipoteca preservando una parte considerable de sus ingresos salariales. Esto favorecería de manera directa a los trabajadores y perjudicaría a los bancos, que han sido los principales inductores de la borrachera inmobiliaria. Probablemente detrás de este último elemento se esconden muchas de las reservas que tiene el gobierno para no incrementar más el SMI.
De este modo, una cuestión que aparentemente es insignificante se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para comprobar si el gobierno tiene voluntad de favorecer a los asalariado o a la banca, y una vez más se ha situado del lado de los opulentos.