Una buena parte de los gobernantes de los países ricos, han elegido como una de sus prioridades la lucha contra los paraísos fiscales. Este será, seguramente, uno de los barcos insignia de la próxima reunión de G20.
Parece que los mismos que durante años han querido cerrar los ojos, se están dando cuenta ahora que el gasto público debe crecer. Por esta razón, ya no pueden permitirse el lujo de prescindir de una parte de los ingresos recaudados con los impuestos por que algunos de los que deberán pagarlos, huyen con sus capitales hacia otros territorios. Se trata, ciertamente, de una fuga que únicamente emprenden las personas que son suficientemente ricas y que disponen del asesoramiento fiscal necesario para desplazar su dinero de un lugar a otro.
Por el contrario, a la mayoría de la población, y de una manera muy especial a la clase trabajadora, no le queda otro remedio que satisfacer de manera puntual todas sus obligaciones con la hacienda pública.
La existencia de los paraísos fiscales ha servido en los últimos años, para justificar las bajadas de impuestos a los más ricos. Se teorizaba, cínicamente, que era una buena manera de evitar que los grandes beneficios se materializaran fuera del país: "Si la cantidad que deben pagar los ricos no son muy grandes, pueden estar dispuesto a hacerlas efectivas. En el caso contrario, optarán por la evasión", se nos venía a decir .
La clase trabajadora está interesada en acabar con este tipo de paraísos, como mínimo por tres razones:
1) Porque provocan, como ya hemos visto, la pérdida de unos ingresos fiscales que permitirían realizar mejores políticas públicas.
2) Porque crean más inestabilidad financiera al propiciar el descontrol, la corrupción y la opacidad a nivel internacional.
3) Y porque aumentan las desigualdades beneficiando a los más ricos y a las grandes empresas.
