No obstando, las crisis acostumbran a ser momentos peculiares para modificar la correlación de fuerzas entre clases social y para cambiar a largo plazo las condiciones de existencia de los asalariados mejorándolas o empeorándolas.
Ahora estamos viendo como las "propuestas" de la derecha prestan una importancia capital a esta cuestión de la correlación de fuerzas puesto que pretenden reforzar el poder arbitrario de los patrones. Por esto insisten en una reforma regresiva de la legislación laboral.
Paralelamente, el incremento de la tasa de paro actúa como un vendaval que favorece las pretensiones de los patrones, pone presión sobre el gobierno y agudiza la competencia entre trabajadores.
Contrariamente, la actitud de buena parte de los comentaristas de izquierda es mucho menos beligerant que la de la derecha puesto que no incorporan de forma explícita la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas en una dirección favorable a la clase trabajadora. Un paso adecuado en esta dirección se podría dar reivindicando reformas que fortalecieran el principio de causalidad en las relaciones laborales y garantizaran más y mejores derechos económicos y sociales para las organizaciones sindicales.
No está de más recordar que las empresas y los bancos acostumbran a ser dirigidas por consejos de administración más o menos reducidos. Los asalariados y las organizaciones sindicales, por regla general, quedan, en mayor o en menor medida, apartados de la toma de decisiones. En el caso español únicamente disponen de algunos derechos de información y consulta y estos derechos muchas veces no se respetan.
Tampoco se puede olvidar que los componentes más influyentes de los consejos de administración actúan directa o indirectamente como grupos de presión y vigilan cada paso del gobierno al decidir el contenido de las leyes y al hacerlas cumplir.
De hecho, la crisis económica actual, igual que las anteriores, es en primer lugar el resultado de las decisiones, intereses y líos de los consejos de administración más poderosos a nivel mundial.
Tras la crisis de 1929 las empresas y los bancos fueron sometidos a leyes y regulaciones gubernamentales promulgadas bajo la presión de las masas trabajadoras que habían sido las principales damnificadas por los aspectos más malignos (paro, fascismo, guerra,...) de la depresión. Pero poco a poco la correlación de fuerzas se volvió más favorable a los patrones y entonces los mismos gobiernos permitieron a las empresas eludir las leyes que antes habían aprobado; más tarde las modificaron, y, incluso, algunas las eliminaron.
A lo largo de los últimos treinta años, bajo el paraguas del neoliberalisme, las finanzas han tenido vía libre gracias a la desregulació previa y de aquí proviene una de las causas de la crisis económica que venimos sufriendo.
Para evitar que hechos como estos se repitan hacen falta nuevas y más estrictas regulaciones gubernamentales. Ahora bien, como se puede comprobar con las experiencias anteriores , esto no es suficiente.
Una manera potente de garantizar que la regulación tenga un efecto beneficioso, seria que los trabajadores dentro de las empresas pudieran participar en las tareas de supervisión y en la ejecución de las actividades económicas y financieras. Esto permitiría inaugurar una fase de progreso social.
Se trataría, en otras palabras, de democratizar el puesto de trabajo. Esta democratización también ayudaría a tener más en cuenta los efectos económicos, ambientales, culturales y políticos de las decisiones y actuaciones que la actividad empresarial tiene sobre el territorio dónde precisamente viven los trabajadores y sus familias.