La crisis actual ha provocado la mayor caída de la recaudación tributaria de las administraciones públicas en la historia reciente.
En el corazón de esta caída se encuentra el incremento de las desigualdades que hemos sufrido desde mediados de los setenta hasta nuestras días y esto, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, ha comportado un disminución del peso de las rentas del trabajo de la cual se han beneficiado las rentas del capital.
Pero los más ricos no se han conformado con este incremento de sus rentas y han presionado constantemente para que el Estado les recortara los impuestos.
En España, la política de rebaja de impuestos reivindicada por los más ricos, la han materializado tanto los gobiernos de derechas como los de tipo socialdemócrata y no las han llevado a cabo únicamente a través de las políticas fiscales estatales sino también desde los gobiernos de las comunidades autónomas e incluso desde los ayuntamientos.
Durante unos años, las rebajas fiscales no afectaron negativamente a las arcas de las administraciones públicas. La explicación de esta paradoja se encuentra en los ingresos fiscales logrados a través de la burbuja especulativa a la cual fueron a parar una parte de las rentas apropiadas por los más ricos y de los créditos hipotecarios con los que se endeudaron los más pobres. Pero como era previsible, el estallido de la burbuja y la profundización de la crisis económica han desmontado esta anomalía.
Ahora, más o menos todo el mundo empieza a ser consciente de que es imposible responder a la crisis económica sin un mayor esfuerzo fiscal, salvo que optamos por un aumento drástico del déficit público, que al final también se acabará pagando.
Sin embargo, el esfuerzo fiscal no se puede reclamar sin tener en cuenta los privilegios de los que durante los últimos años se han beneficiado los sectores más ricos. Los más pobres, en cambio, que son los que más han perdido durante estos años, los que soportan los altos índices de paro y los que concentran la mayor parte del endeudamiento familiar, deberíann quedar exentos.
El impuesto sobre la renta, el impuesto de sucesiones ( y el impuesto sobre el patrimonio que el actual gobierno español suprimió), el porcentaje de los cuales, al ser progresivos, aumenta con el nivel de riqueza, son los que mejor pueden concentrar el esfuerzo fiscal sobre las espaldas de los más ricos.
Hay dos medidas concretas, que tímidamente se insinuaron hace unos meses, que ahora se deberán retomar.
La primera consistiría en reducir las ventajas fiscales de las que únicamente se benefician las rentas más elevadas dado que de hecho son las únicas que pueden derivar una parte de sus ingresos hacia el ahorro en sus diferentes formas, hacia las inversiones en bienes raíces o hacia la adquisición de productos financieros de tipo especulativo.
La segunda se debería concretar en un incremento de tipo en la franja más alta llegando hasta el 50% en el tramo que sólo pueden llegar los súper ricos.
Ahora bien, más allá de las medidas fiscales que afectan a los de arriba, también se debería poder mejorar la recaudación fiscal a través de nuevas aportaciones entre los sectores sobre los cuales ahora descansan los efectos más perniciosos de la crisis puesto que ha fin de cuentas resultan ser la mayoría de la población.
Pero la única manera de lograrlo es a través de una distribución más equitativa de la riqueza mejorando las rentas del trabajo y garantizando previamente que todos podamos vivir en condiciones más dignas.
